El PP ha sido responsable de gestionar durante
años la sanidad en España y sigue siéndolo en muchas Comunidades Autónomas (7291 ancianos muertos en las residencias competencia de la Comunidad de Madrid, sin asistencia médica y con la prohibición expresa de la Consejería de Salud de trasladarlos a los hospitales, más de un 40% se podrían haber evitado con atención médica). Durante años la gestión del PP ha destrozado la sanidad pública recortado drásticamente las inversiones, lo que ha provocado
la pérdida de miles de profesionales sanitarios y recursos materiales, además del cierre de camas hospitalarias. Su afán no ha sido otro que convertir la sanidad en un negocio más, con las consecuencias que estamos viendo a día de hoy.
Desde el inicio de la pandemia generada por el COVID-19 en marzo de 2020, su estrategia, ya habitual en otras situaciones (terrorismo, catástrofes…), está siendo la de tratar de sacar rédito político, hasta el punto de gastarse millones de euros de fondos públicos en propaganda para elogiar "su gestión" en las Comunidades que dirigen y criticar al Gobierno de España. Así, de la mano de Vox, acusan al Gobierno de España de mala gestión de la crisis sanitaria y de ocultar datos. Cuando son los gobiernos del PP los que tienen esas competencias en muchas Comunidades Autónomas. Cuando estos gobiernos populares han demostrado ser incapaces de reaccionar a tiempo y gestionar adecuadamente los millones de euros que el estado ha puesto a su disposición para afrontar la crisis sanitaria (más de 130 millones de euros gastados en un almacén-hospital sin recursos humanos y materiales suficientes para atender pacientes). Cuando ya iniciada la crisis la negaban e instaban a seguir haciendo vida normal. Después pidieron responsabilidad al Gobierno de la Nación, en lugar de apoyar en todo lo posible, y alientan bulos propagados por millones de cuentas falsas en redes sociales. El partido de la mentira y la corrupción acusando de mentir a los demás.
Tratar de desestabilizar un Gobierno en plena crisis sanitaria es una irresponsabilidad. Esta actitud está generando nefastas consecuencias en las personas que sufren la pandemia, generando más muertos y causando graves efectos en su salud mental. Desde hace décadas sabemos que en situaciones traumáticas solo las personas más resilientes salen indemnes. Uno de los factores que facilitan la capacidad resiliente de afrontamiento de los traumas está relacionado con el apoyo social a las víctimas de las catástrofes, mediante el que se reduce la incertidumbre y se aporta seguridad. La estrategia absolutamente irresponsable del PP y de Vox está provocando inseguridad en los ciudadanos que han sufrido el confinamiento en sus casas, visto morir en la distancia a sus familiares y perdido sus empleos. Así, el PP y Vox son responsables del agravamiento de los efectos que esta crisis sanitaria y social está generando en los ciudadanos. Esperemos que su actitud y la de los medios de comunicación afines a estos partidos no se olvide cuando la pandemia remita.
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Lo que dicen los datos
El sanitario ha sido uno de los sectores públicos más afectados por los recortes en Madrid, comunidad en la que el PP gobierna desde hace un cuarto de siglo y que tiene plenas competencias en la gestión de la sanidad y de las epidemias. A pesar de ser la autonomía con el mayor PIB de España, la región destina a sanidad menos que la media nacional. En 2018, su gasto por habitante fue de 1.154,2 euros, mientras que la inversión media estatal ascendía a 1.295,85 euros.
La plantilla de sanitarios en la Comunidad de Madrid también es menor que hace diez años pese al aumento poblacional que ha experimentado la región. Al arrancar 2019, había menos profesionales en los hospitales y otros centros que en 2010: 54.531 en lugar de los 55.433 de hace diez años, según las Memorias Oficiales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
La Comunidad de Madrid es una de las zonas del mundo donde la pandemia ha golpeado con más fuerza: es la autonomía con más casos y muertes por coronavirus en España, según las últimas cifras oficiales– , además de haber registrado en un solo mes el fallecimiento de 4.750 ancianos en las residencias de la región –que la administración autonómica también gestiona con competencias exclusivas–, casi cinco veces más que en un mes sin coronavirus.
El sanitario ha sido uno de los sectores públicos más afectados por los recortes en Madrid, comunidad en la que el PP gobierna desde hace un cuarto de siglo y que tiene plenas competencias en la gestión de la sanidad y de las epidemias. A pesar de ser la autonomía con el mayor PIB de España, la región destina a sanidad menos que la media nacional. En 2018, su gasto por habitante fue de 1.154,2 euros, mientras que la inversión media estatal ascendía a 1.295,85 euros.
La plantilla de sanitarios en la Comunidad de Madrid también es menor que hace diez años pese al aumento poblacional que ha experimentado la región. Al arrancar 2019, había menos profesionales en los hospitales y otros centros que en 2010: 54.531 en lugar de los 55.433 de hace diez años, según las Memorias Oficiales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
La Comunidad de Madrid es una de las zonas del mundo donde la pandemia ha golpeado con más fuerza: es la autonomía con más casos y muertes por coronavirus en España, según las últimas cifras oficiales– , además de haber registrado en un solo mes el fallecimiento de 4.750 ancianos en las residencias de la región –que la administración autonómica también gestiona con competencias exclusivas–, casi cinco veces más que en un mes sin coronavirus.
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Casado carga la responsabilidad de las muertes a Sánchez y
obvia la gestión de Díaz Ayuso en el epicentro de la pandemia
La Comunidad de Madrid, que pidió hacer vida
"normal" una vez alertada de la epidemia, es la encargada de
facilitar las cifras de víctimas al Gobierno central y registró en un mes 4.750
muertes de mayores en las residencias que gestiona
Un argumentario interno del PP pide a sus dirigentes repetir
la idea de que Sánchez "rompió la unidad" frente a la epidemia
Iñigo Aduriz / Fátima Caballero
10/04/2020enlace
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| La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, junto al líder del PP, Pablo Casado. EFE |
La Comunidad de Madrid informaba el 26 de febrero del segundo
caso positivo por coronavirus en la región. Ese día, la presidenta regional,
Isabel Díaz Ayuso, hacía un llamamiento a la "tranquilidad" en un
entrevista en Antena 3 y aseguraba que estaba "todo previsto" para
hacer frente a la COVID-19: "Estamos en uno de los mejores sistemas
sanitarios del mundo", argumentaba. Díaz Ayuso también defendía que
"lo más peligroso" en esos momentos era "el miedo, más que el
propio virus" porque "normalmente lo que deja como secuelas son los
síntomas, menores incluso que la gripe".
Hoy Madrid se ha convertido en una de las zonas del mundo
donde la pandemia ha golpeado con más fuerza: es la autonomía con más casos y
muertes en España –casi 45.000 y 5.972 respectivamente, según las últimas
cifras oficiales– , además de haber registrado el fallecimiento de 4.750
ancianos en las residencias de la región, casi cinco veces más que en un mes
sin coronavirus. A pesar de estas cifras, en una comunidad donde el PP gobierna
desde hace un cuarto de siglo con competencias plenas en la Sanidad y en los
geriátricos, el líder de la oposición, Pablo Casado, ha decido lanzar una dura
ofensiva contra Pedro Sánchez por su gestión de la crisis del coronavirus. Todo
esto, en plena pugna con Vox por ver quién es más duro en la oposición para
tratar de hacer caer el Gobierno. La última acusación que ha vertido el líder del PP sobre el presidente del Ejecutivo es que este "miente" sobre las "cifras reales" de contagiados y fallecidos por la epidemia. También le culpa de que España sea "el país del mundo con más fallecidos por millón de habitantes", por la "imprevisión" del Gobierno.
Como el resto de autonomías, la administración madrileña gobernada en coalición por PP y Ciudadanos –con el apoyo de Vox– es la encargada de facilitar las cifras de contagiados y fallecidos al Ejecutivo central, esas que según Casado se están manipulando.
Hasta la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, que sostiene al Ejecutivo de Díaz Ayuso, se ha mostrado crítica con el PP por sus "reproches" al presidente del Gobierno durante el Pleno del Congreso del jueves en el que Casado culpó al Ejecutivo de haber actuado tarde a la hora de hacer frente a la crisis del coronavirus.
"Que alguien del Partido Popular salga a reprocharle la falta de anticipación a Sánchez es un insulto", consideraba Monasterio en un mensaje en su perfil personal de Twitter. "Quizás se han olvidado de que gobiernan en la Comunidad de Madrid con competencias de Sanidad para comprar material, limitar eventos multitudinarios, incluso confinar poblaciones", añadía Monasterio en el mencionado tuit, que acumula miles de interacciones en la red social.
Madrid tiene las competencias en Sanidad pero también sobre la gestión de epidemias en la región. Una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 26 de noviembre para determinar la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, establece que entre las competencias de la Dirección General de Salud Pública está la "vigilancia, análisis y control epidemiológico de la salud y sus determinantes", así como de "la incidencia de las enfermedades transmisibles y no transmisibles y su distribución en los distintos grupos de población y la vigilancia epidemiológica y control de microorganismos multirresistentes".
De ahí que, en enero, cuando la crisis sanitaria por el coronavirus golpeaba con fuerza en China, el Gobierno regional crease el "comité de expertos del nuevo coronavirus de la Comunidad de Madrid", con diecisiete miembros, que se reunió hasta en tres ocasiones a finales de ese mes. Un organismo para hacer seguimiento de la pandemia que mencionó Ayuso en su entrevista el 26 de febrero y del que poco se supo después.
El 5 de marzo, después de que las autoridades internacionales lanzaran las primeras advertencias acerca de la gravedad de la epidemia, la Comunidad de Madrid pidió por carta a los funcionarios públicos de Educación "continuar con su actividad con total normalidad". La misiva, firmada por la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Carmen Yolanda Fuentes –una de las integrantes del mencionado comité de expertos–, sostenía que los ciudadanos podían "llevar su vida habitual en familia, con amigos y, en general, en el ámbito laboral", y se limitaba a pedir que se extremaran "las medidas de higiene".
Esa carta enviada a todos los centros públicos madrileños –hospitales, escuelas, institutos o residencias de mayores– está fechada el 5 de marzo. Cuatro días después, Ayuso decretaba el cierre de los centros educativos de todos los niveles después de que los casos confirmados por coronavirus en la región pasasen de 202 a 438. La presidenta madrileña tomaba esta medida después de que el Gobierno vasco la formalizase por la mañana en Álava.
El 24 de febrero, dos días antes de la entrevista en Antena 3 de Ayuso y dos semanas antes de la misiva, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) había urgido a la comunidad internacional a "hacer todo lo posible" para preparar al mundo "para una pandemia". Y el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades advirtió contra la celebración de actos masivos que pudieran propagar el virus, tal y como informó después El País.
Actos y mítines del
8M
Pese a ello, tres días después, ese 5 de marzo, la Comunidad
de Madrid llamaba a la población a hacer vida "normal". La carta se
emitía tres días antes del 8M, jornada en la que se celebraron multitudes de
actos públicos en toda España, incluido un acto oficial de la Xunta de Galicia
gobernada por el popular Alberto Núñez Feijóo, el acto de Vox en la Plaza de
Vistalegre de Madrid o distintos eventos deportivos.En sus declaraciones sobre el 8M, Casado ha decidido, sin embargo, obviar el resto de convocatorias y solo ha criticado que desde el Gobierno "se alentara" a la participación en las marchas que tuvieron lugar en todo el país con motivo del Día de la Mujer, a las que también acudieron dirigentes populares.
Ese 5 de marzo en el que la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid pidió a los ciudadanos hacer "vida normal", la misma Carmen Yolanda Fuentes hacía público otro documento en el que decidía cerrar la actividad de centros de día de mayores y restringir las visitas a las residencias. Desde entonces, se han producido un total de 4.750 fallecimientos de ancianos en las residencias madrileñas, según las cifras que ofrece la administración regional. 781 dieron positivo por coronavirus y otros 3.479 presentaron sintomatología pero aún no están confirmados porque no se les ha hecho las pruebas por la falta de tests. Esto supone que la mayoría de estas muertes no cuenten en las estadísticas oficiales de fallecidos que Madrid traslada cada día al Ministerio de Sanidad.
La crisis de las residencias ha llevado a Ayuso a retirar a la Consejería de Asuntos Sociales, en manos de Ciudadanos, de la gestión de los geriátricos. En Ciudadanos lo achacan precisamente a que el departamento que dirige Alberto Reyero hizo públicas las cifras de fallecidos (1.065 ancianos hasta el 25 de marzo). El primer choque entre Ayuso y Reyero se había producido unos días antes cuando el segundo pidió ayuda al Ejército para la gestión de los geriátricos. Aunque la presidenta regional desmintió que su Gobierno necesitase tal ayuda, la Unidad Militar de Emergencias acabó interviniendo y destapó la situación en la que se encontraban las residencias de mayores en Madrid.
Desde que la Consejería de Sanidad, a manos del PP, se hizo con estas competencias, la cifra de ancianos que han perdido la vida se ha cuadruplicado hasta los 4.750. En un mes sin coronavirus fallecen en Madrid en torno a un millar de mayores en residencias, es decir, se han multiplicado por cinco.
Casado evita mencionar la situación de la Comunidad más afectada en sus intervenciones públicas. Ni una palabra sobre las residencias de Madrid en su duro discurso contra el Gobierno en el Pleno del Congreso del jueves, en el que el PP sí apoyó la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril, pero rechazó junto a Vox la convalidación de los decretos que paralizaron las actividades no esenciales –que fueron apoyados por la mayoría del Pleno–, y que contemplaban, por ejemplo, la prohibición de despedir por la epidemia.
Los insultos de
Casado a Sánchez
El líder del PP se limitó durante la sesión a culpar al
Gobierno de los contagios y las muertes por coronavirus y lanzó graves
acusaciones contra el Ejecutivo. "Usted no merece el apoyo de la
oposición. Su arrogancia, sus mentiras y su ineficacia son un cóctel explosivo
para España", le dijo a Sánchez."Le pido que nos diga la verdad, le cueste lo que le cueste. Díganos si es verdad que el número real de víctimas podría duplicar las cifras oficiales. Porque eso sería de extraordinaria gravedad", añadió Casado, que obvió que las cifras de las que dispone el Gobierno son las que le facilitan las comunidades autónomas, también las que gobierna el PP, como Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León.
Para el líder de los populares, la del coronavirus "ha sido la crónica de una pandemia anunciada". "Casi no queda un medio influyente internacional que no haya criticado su imprevisión y mala gestión de la crisis", le espetaba al presidente del Gobierno. "Esta crisis no es simétrica, porque ha afectado de forma distinta a los países en función de la eficacia de los gobiernos", añadía, para recalcar que "España es el país del mundo con más fallecidos por millón de habitantes a causa del COVID-19". Casado no dijo que, dentro de España, es la Comunidad de Madrid que gobiernan PP y Ciudadanos la que más casos y fallecimientos ha registrado desde el inicio de la epidemia.
El Gobierno de la región lleva el sello personal del líder de los populares. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, fue una apuesta de Casado para las elecciones autonómicas del 26M. En el Gobierno regional el líder del PP también colocó al exconsejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty, que actualmente dirige la cartera de Hacienda. Entre diciembre de 2018 y agosto de 2019 Lasquetty fue el jefe de Gabinete de Casado en la Presidencia del PP, un fichaje que, según reconocía la dirección popular, buscaba "fortalecer ideológicamente un PP que necesita recuperar la esencia liberal que le dio sus mejores triunfos electorales".
Los artífices de la
privatización sanitaria
Como uno de los máximos representantes del aznarismo, sector
ultraconservador al que Casado ha colocado en los principales puestos de
dirección del PP desde su triunfo en las primarias de 2018, Lasquetty ha sido
secretario general de FAES y, después, la expresidenta madrileña Esperanza
Aguirre le introdujo en su Gobierno primero como consejero de Inmigración,
donde mantuvo un perfil bajo y, después, en la cartera de Sanidad, donde ensayó
la puesta en marcha de su ideario más reaccionario.Suyo fue el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid de 2012 que, en la práctica, implicó la privatización de seis hospitales, decenas de centros de salud y cualquier actividad que no fuera estrictamente sanitaria en el sistema de salud madrileño. Bajo su mandato, los quirófanos dejaron de funcionar por las tardes y se superó el límite legal de espera quirúrgica de 30 días.
Su gestión marcada por presupuestos ultraliberales en el Ejecutivo autonómico impulsó el movimiento de respuesta contra la privatización de la sanidad madrileña en el que se convirtió la Marea Blanca, que promulgó decenas de manifestaciones multitudinarias en Madrid en favor del sistema público. Los recursos judiciales presentados por este movimiento impidieron a Lasquetty llevar su plan privatizador a su último término y, en enero de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspendió cautelarmente el proceso de privatización y, en consecuencia, Lasquetty acabó dimitiendo.
El Partido Popular gobierna en Madrid desde 1995 y aunque parte de los planes privatizadores de Lasquetty quedaron frustrados, la Sanidad ha sido uno de los sectores públicos más afectados por los recortes en la región. A pesar de ser la autonomía con el mayor PIB de España, la Comunidad de Madrid destina a Sanidad menos que la media nacional (solo la supera Cataluña). En 2018, su gasto por habitante fue de 1.154,2 euros, mientras que la inversión media estatal ascendía a 1.295,85 euros.
La plantilla de sanitarios en la Comunidad de Madrid también es menor que hace diez años pese al aumento poblacional que ha experimentado la región. Al arrancar 2019, había menos profesionales en los hospitales y otros centros que en 2010: 54.531 en lugar de los 55.433 de hace diez años, según las Memorias Oficiales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
Casado utiliza prácticamente cada intervención pública para insistir en que Madrid es el laboratorio de las políticas ultraliberales que quiere aplicar en todo el país si algún día consigue llegar a la Moncloa, con bajadas masivas de impuestos como las que plantea el líder del PP para hacer frente al coronavirus, sin explicar en cambio de dónde obtendría los ingresos para mantener los servicios públicos.
Para el presidente de los populares una de sus principales referencias de gestión es Díaz Ayuso, que decidió colocar a Antonio Burgueño, otro de los artífices de la privatización sanitaria del PP, en el equipo asesor de la Consejería de Sanidad cuando estalló la crisis del coronavirus. Y esta misma semana también fichaba a su hija, Encarnación Burgueño, como parte de la gestión de las residencias de mayores, los centros más afectados por la pandemia.
La rendición de
cuentas ante los parlamentos
El doble discurso de Casado también se ha reflejado en la
diferencia de criterio del PP respecto al funcionamiento de los parlamentos. A
principios de semana, otra de las apuestas personales del líder de los
populares, la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, exigía la
recuperación de las sesiones de control semanales al Gobierno, una medida que
finalmente fue aprobada por la Mesa de la Cámara Baja, donde tiene mayoría la
izquierda.La polémica dirigente popular acusaba al Ejecutivo de poner "la democracia en cuarentena" después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidiera al inicio de la epidemia limitar la actividad parlamentaria y la presencia de los diputados en el hemiciclo para prevenir riesgos ante el coronavirus, que ha contagiado a más de una decena de parlamentarios, entre ellos la vicepresidenta de la Cámara, la popular Ana Pastor.
Álvarez de Toledo llegó a plantear que al Pleno de este jueves asistieran más de la mitad de los diputados del PP, 45, aunque finalmente la Mesa lo impidió y solo acudieron presencialmente 11 parlamentarios populares. Además, a lo largo de la epidemia los populares han presentado en el registro del Congreso –que se mantiene abierto de forma telemática– varios centenares de iniciativas, entre preguntas y proposiciones no de ley, que principalmente exigen al Gobierno explicaciones por el coronavirus.
El 'apagón'
informativo
Mientras tanto, la actividad de la Asamblea de Madrid controlada
por PP y Ciudadanos está paralizada y cerrada desde el 10 de marzo. El
parlamento madrileño es el único todo el ámbito nacional que mantiene el
registro clausurado sin ni siquiera habilitar una opción telemática para que
los grupos puedan presentar sus iniciativas. Tampoco se ha activado su
Diputación Permanente, el órgano de decisión fuera del periodo de sesiones y,
pese a la emergencia sanitaria en Madrid, la región más afectada, no ha
comparecido ni un solo consejero. Isabel Díaz Ayuso no se somete a ruedas de
prensa desde la segunda semana de marzo.